¿Dónde está escrito?

No es que niegue que exista. No es que niegue que tenga más fuerza legal que la sacrosanta Constitución. No es que afirme que se lo hayan inventado. Es solo por curiosidad. Es solo para que no se me quede cara de asombro cuando lo oigo comentar como si fuera un mantra. Es que quiero asegurarme de que toda la argumentación tiene una lógica legal y legítima. Porque tengo que reconocer que yo he conseguido encontrarlo.

Por si alguien a estas alturas aún no sabe a que me estoy refiriendo, debo aclarar que me estoy refiriendo a las pensiones, y a su, llamémosle, hipotética revaloración sostenible en función de las aportaciones a la Seguridad Social.

Si bien es cierto que en los llamados Pactos de Toledo, firmados el día 6 de abril de 1995, estando formado el Gobierno por el PSOE (no conviene olvidar este dato), se da un paso importante para unir las cantidades recaudadas por el concepto de Seguridad Social a las prestaciones que generan,  en mi opinión, este paso se da más en un sentido contable, aclarando y separando conceptos que se unían de forma un tanto dispar, como podían ser: “Separación de las diferentes fuentes de financiación de las prestaciones, dejando las llamadas prestaciones no contributivas y las universales a cargo de la imposición general, y las pensiones contributivas a cargo de las imposiciones sociales”. Y ahí, precisamente ahí, está la trampa.

Sin embargo, la interpretación que hace el Gobierno es una visión sesgada y torticera de la recomendación del Banco Mundial, ya que este aboga por un sistema mixto, según se recoge en el “Libro Blanco de Delors”, publicado en 1993.

Por otra parte, incluso admitiendo, que es mucho admitir, la interpretación hecha por el PP, y, no nos olvidemos,  sus acólitos de C’s, se está cayendo en una grave contradicción legal, pues cualquier ley, o cualquier pacto legal, tiene menor rango que la Constitución, y no creo necesario reiterarme, copiando literalmente el artículo 50 de dicha Constitución que contradice los criterios adoptados para el incremento de las pensiones.

Ante esta anómala situación legal, llama clamorosamente la atención que ninguno de los estamentos que se dedican habitualmente a presentar recursos de inconstitucionalidad no se haya aún decidido a presentar uno por este tema, aunque quizás piensen que con la celeridad con la que se emiten los dictámenes de ese Tribunal, cuando se pronuncie todos los jubilados estaremos muertos.

Mientras redacto este escrito, he leído que el Defensor del Pueblo se ha debido de enterar de la situación, y ha advertido que la “subida” de las pensiones puede ser inconstitucional. Se conoce que no debe leer los periódicos ni el BOE, y, hasta el clamor de los jubilados en la calle, no se había enterado del aumento  en años anteriores.

Por una vez, no voy a cargar contra el PP por los rescates, por los fraudes, por los robos, por las comisiones, por todo el dinero que derrocha en todas las ayudas en deterioro de los servicios sociales. Tampoco por su mentira o ignorancia al negar que la gran mayoría  de los países de nuestro entorno unen IPC y revalorización de pensiones. Ni tan siquiera  por la falta de empatía, por ser suave y no llamarle “chulería”, de sus portavoces. Estoy demasiado contento con la reacción de dignidad que, por fin, hemos tenido los jubilados como para dedicarle comentarios a los que durante estos años nos han humillado con sus limosnas. Mi deseo ahora es que no nos equivoquemos y pasemos nuestros votos a C’s, que son tan culpables como el propio PP por mantenerlos, y por compartir el mismo criterio en las cuestiones sociales.