Los Dumoulin

Este verano pasado, en el glaciar suizo de Tsanfleuron aparecieron los cadáveres momificados, y completamente conservados de Marcelin y Francine Dumoulin desaparecidos. La última vez que se les vio se iban a ordeñar sus vacas en un prado cercano, en el estío de 1942. La pareja era residente de la zona donde aparecieron congelados sus restos.

Dado que nunca he demostrado demasiado interés en temas de cadáveres congelados, a alguien de los/as que habitualmente leen mis escritos puede parecerle extraño mi comienzo. Pero, si tienen la amabilidad de seguir leyendo, verán que soy coherente con temas anteriores, y que no abandono mi leitmotiv.

 

En los últimos años la energía ha elevado su precio en un 70%. Mientras, por el rubor que me causa, no mencionaré el incremento porcentual de las pensiones por jubilación, situación que ha provocado que la pobreza energética se haya disparado de forma estratosférica entre los que componemos la tercera edad.

 

Por otra parte, el PP y su Gobierno, solos o en compañía de C’s, y con la inestimable colaboración del Tribunal Supremo, han conseguido desmontar todos los proyectos para contrarrestar los efectos que acarrea la llamada pobreza energética, y que se han propuesto en las comunidades autónomas no gobernadas por dichos partidos.

 

Cierto es que el Gobierno ha elaborado un plan social, al que las compañías eléctricas ya han presentado recurso. Pero dicho plan tiene tantos defectos y errores que, en realidad, no palía las  dificultades para afrontar el pago del suministro. Sin contar que, con el tope en la potencia que  permite dicho abono, no se puede calentar una casa.

 

Esta situación puede ocasionar un grave problema al PP, ya que su mayor caladero de votos está comprendido entre los/as votantes mayores de 65 años, y, si se mueren por congelación, difícilmente podrán votarles. Aunque ya tenemos precedentes de votantes zoombis en las casas regionales existentes en algunos países de Sud América.

 

Y ahora es cuando entran en acción los Dumoulin, ya que para ellos sería providencial mantenernos en un estado letárgico, y con el aspecto exterior de la pareja suiza para no alarmar a las almas biempensantes de los afiliados y simpatizantes de edades más jóvenes. Todo ello producido por el frio, y  de modo que sólo nos permitiera movernos, aunque fuese de forma pausada, hasta los colegios electorales en las fechas de elecciones, y que, por supuesto, sólo se celebrarían en verano cuando el sol podría revitalizarnos, previo pago del correspondiente impuesto del sol.

 

Los experimentos para esta nueva fase vital (pero poco) comenzarían después de las próximas elecciones, por si sale mal el experimento y pierden muchos votantes de golpe, ya que después  tendrían cuatro años para recuperarse.

 

Por tanto, o mucho me equivoco, o a partir de los próximos comicios tendremos recortes drásticos en las pensiones, y continuará progresando adecuadamente el precio de la energía. Y, mientras tanto, los de siempre pasaremos a un estado de hibernación, y si aumentan las defunciones siempre será un alivio para las arcas públicas al ahorrarse el pago de la pensión.

Feminismo y violencia de género

Creo que es la primera vez desde que empecé este blog que no he hecho coincidir el día contra la violencia de género con mi entrada semanal, cosa aún más relevante dada mi acendrada defensa  de la erradicación de esa lacra. Pero espero que se me justifique dada la indignación que sentía por la burla sistemática al Parlamento, tanto por parte del Gobierno como por parte del partido que lo sustenta, y sus cómplices necesarios (obsérvese que hablo en plural).

Volviendo al tema de esta semana, puede el título del escrito llevar a malos entendidos, pero mi idea, que espero saber transmitir, es muy clara: Si la violencia de género “existe” es, al menos en España, gracias a la labor de las feministas que lograron que esa reprobable conducta dejase de ser un ”asunto interno familiar” para llegar a tipificarse como delito.

Aunque nadie abiertamente deja de condenar la violencia de género en su manifestación más extrema, como  es un asesinato, lo cierto es que hay un amplio espectro de la sociedad que tiende a minimizar el problema, y a reaccionar, generalmente de manera tibia, sólo ante los casos más sangrantes, limitándose a obviar el maltrato psíquico, y a los micro machismos, alegando que se han disparado las denuncias ante una legislación que es demasiado estricta en estos casos.

Ante este falaz argumento, se impone la realidad, que es  una mayor sensibilidad por parte de las afectadas  hacia estas conductas delictivas. Valga como ejemplo que los países con mayor índice de igualdad, como son los países escandinavos, son los que lideran el ranking de denuncias presentadas, en contraposición con lo que ocurre en los países del Golfo Pérsico, donde la mujer es un ser sin casi ningún tipo de derechos,y donde estos casos no  quedan reflejados estadísticamente  como denuncias ya que las conductas atentatorias contra su vida y contra su dignidad personal, en general, no están tipificadas como delitos. Por otra parte, la teoría de que se denuncian casos de violencia de género para obtener ventajas a la hora de los divorcios, custodias de hijos, o de cualquier otra índole queda deslegitimada por las diferentes memorias de la Fiscalía, donde siempre se dan unos índices casi nulos al respecto.

También resulta muy importante señalar que, en muchos de los casos, al casarse, un porcentaje importante de mujeres salieron del mercado laboral, y que, actualmente, con la crisis, y la revolución tecnológica, que afecta a casi todos los sectores laborales, hacen muy difícil, por no decir imposible, reengancharse a una situación laboral que permitiese su independencia económica.

Los principales problemas para erradicar la violencia de género en España  son la falta de interés real en tomar medidas efectivas; de la carencia de medios materiales y humanos para prevenir la violencia; que aún se cree en lo más íntimo que es un problema familiar y no público; el conservadurismo patriarcal de muchos de los que tendrían que tomar las decisiones para evitar que se puedan reproducir las tragedias tan cotidianas de mujeres asesinadas, que no muertas;  la actitud que ha tomado un amplio sector de la Jerarquía de la Iglesia  demonizando las posiciones igualitarias, que, en parte, arrastran a un extenso sector de nuestra clase dirigente y judicial, más proclive a seguir las creencias de esta Iglesia que a defender los intereses de la sociedad.

A modo de reflexión final, me gustaría que leyeran el capítulo III de la carta de San Pedro, que se lee en las bodas religiosas, y que puede dar una visión de la razón por la que la Iglesia asume el papel de la mujer sumisa y tolerante:

PRIMERA CARTA DE SAN PEDRO

CAPÍTULO 3

Los deberes de los esposos

3:1 También las mujeres sean dóciles a su marido, para que si alguno de ellos se resiste a creer en la Palabra, sea convencido sin palabra por la conducta de su mujer,

3:2 al ver su vida casta y respetuosa.

3:2 Que su elegancia no sea el adorno exterior —consistente en peinados rebuscados, alhajas de oro y vestidos lujosos—

3:4 sino la actitud interior del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno. Esto es lo que vale a los ojos de Dios.

3:5 Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que tenían su esperanza puesta en Dios y respetaban a sus maridos,

3:6 como por ejemplo, Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ahora ustedes han llegado a ser sus hijas, haciendo el bien y no dejándose inquietar por ninguna clase de temor.

3:7 Los maridos, a su vez, comprendan que deben compartir su vida con un ser más débil, como es la mujer: trátenla con el respeto debido a coherederas de la gracia que da la Vida. De esa manera, nada será obstáculo para la oración.

Cuestión de higiene (democrática)

A raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, y de las voces que se oyeron tildando los acuerdos que tomó el Gobierno bajo su amparo de medidas fascistas, y equiparándolas con actuaciones propias del régimen del fallecido Dictador, se alzaron algunas voces que discrepaban. Entre ellas debo destacar, por el respeto personal que me merecen, las de los históricos comunistas Paco Frutos y Nicolás Sartorius.

Ambos coincidían en que las circunstancias actuales no eran en modo alguno comparables con las que imperaban con Franco en el poder. Hasta aquí estoy, en principio, de acuerdo ya que no hay pena de muerte, no se tortura en las dependencias policiales, cualquier detenido recibe asistencia legal, y hay una larga lista de derechos civiles adquiridos, normalmente por la lucha de los activistas, que hoy en días son incuestionables.

Decía Sartorius que a él le condenaron a ocho años de cárcel por repartir octavillas políticas. Hoy en día esa es una actividad legal, siempre que tengas un permiso municipal. Pero, si no lo tienes, lo máximo que puede pasar es que te las requisen, o que sufras una sanción económica. Pero, ¿Es tan idílica la situación? No voy a calificarla yo, pero, cuando existe una “Ley mordaza”, los humoristas son perseguidos judicialmente, los titiriteros son detenidos, y los llamados “delitos de odio” son tan indefinidos que casi cualquier crítica puede considerarse como tal, no creo que sea el tiempo presente un dechado de libertades personales.

Sin embargo, siendo grave el deterioro de los derechos civiles (de los sociales ya he hablado múltiples veces), es más grave aún, a mi parecer, la vulneración sistemática del principio de  voluntad del llamado pueblo soberano.

Una democracia parlamentaria representativa, como, nominalmente, es la nuestra, tiene que basarse en que el Ejecutivo tiene que responder ante los parlamentarios, que son la representación del pueblo. Por tanto, si la opinión del Ejecutivo prevalece sobre los parlamentarios, e, incluso, si éste desoye clamorosamente los dictámenes que emanan del pueblo a través de sus representantes, se diga lo que se diga, se disfrace como se disfrace, se excuse en lo que se excuse, la forma de gobierno no es una Democracia representativa, ya que el Ejecutivo no tiene en cuenta a los representados, y la forma de Gobierno se convierte, en simple y llanamente, en una Dictadura. Dictadura que podemos llamar atípica, ya que está sujeta a elecciones periódicas, que no es sangrienta, cuya represión está limitada, y que mantiene una mayoría de las libertades personales, pero que no respeta la voluntad de los representados.

¿Cuántas decisiones del Congreso de Diputados no se han llegado a plasmar, unas por cuestiones de estabilidad parlamentaria, y otras por diferentes causas que, al fin y al cabo, sólo eran triquiñuelas legales para no aceptarlas?

Pero, además de esta razón, que ya es lo suficientemente grave, está la no asunción sistemática de responsabilidades políticas ante hechos cuestionables,  cuando no directamente delictivos ¿Alguien concibe un gobierno británico con el partido que le da apoyo siendo juzgado por beneficiarse a título económico?, ¿Alguien piensa que un partido francés se podría mantener en el Gobierno tras múltiples acusaciones de financiación ilegal de sus campañas electorales? En serio se puede creer que en cualquiera de los Países Escandinavos se hubiese investigado al Gobierno por un tema penal, y si hubiese tardado más de un segundo en dimitir la oposición en pleno no hubiese tomado las medidas legales señaladas en la constitución del país para echarlos a patadas.

Vivimos en una Dictadura, o, si quieren, en una “Dictablanda”, como se le denominó al régimen que substituyó al del General Primo de Rivera, pero en un país donde no se respetan las decisiones del Parlamento, salvo que éstas sean beneficiosas para el PP y su Gobierno. Sin embargo, no hay que echarle toda la responsabilidad a este último partido, tan culpable como ellos son el resto de las asociaciones políticas que, por intereses partidistas, no ponen coto a la anómala situación. Y, en última instancia, somos responsables todos los votantes que no exigimos que, de una vez por todas, se acabe con la corrupción que nos arruina económica y éticamente.

 

Cuestión de higiene (mental)

Con suma frecuencia nos olvidamos de la conveniencia de hacer una pausa, mirar alrededor, y vaciar el almacén de imágenes que nos impiden ver otras cosas. A mí me sucede a menudo que, por pasar habitualmente por una calle, no veo los cambios que han podido suceder en ella, y soy incapaz de enfocarla con diferente ángulo hasta que no me paro, vacío las ideas preconcebidas, y veo, frecuentemente, una foto que no había advertido con anterioridad.

Pero, como es mi norma en estos escritos, no voy a hablar de fotografía, pero sí de la necesidad de despojarse de las intoxicaciones mentales que nos rodean.

¿Existe vida en la parte de la península ibérica que actualmente conforma el Reino de España, aparte del trozo superior derecho, conocido como Catalunya? Resulta que, aunque para los medios no exista más que esa zona (aparte del planeta futbol, por supuesto), el resto existe, aunque su importancia les resulta tan nimia que obvian cualquier comentario sobre lo que en ella sucede, a pesar de que a algunos, pocos, les preocupa, y, aún más grave, a la totalidad de la población les afecte.

No  solo  se sitúan  todas las  cuestiones que afectan al ciudadano en una  sola vertiente. Ya que unas se pueden colocar entre  las que nos afectan a todos, como ciudadanos  que queremos vivir en un Estado de Derecho (lo cual es muy plausible y puede decir mucho de la madurez democrática de un pueblo), sino que también hay otra serie de razones que nos afectan económicamente en el día a día de nuestra vida cotidiana.

Entre la primera casuística podemos citar las declaraciones de los testigos en el juicio del llamado caso Gurtel, en las que el inspector jefe de la Policía de Delitos Monetarios asegura en el Parlamento que hay indicios de que el presidente del Gobierno cobró dinero en B, dentro de una trama de corrupción de máxima envergadura; o también las de la Fiscal Anticorrupción, que ha afirmado que el juicio del caso Gurtel ha probado que el PP mantenía una caja B que se nutría de cohechos y tráfico de influencias: "Ha quedado plenamente acreditada la caja b del Partido Popular reflejada en los papeles de Bárcenas".

Pero no sólo es eso, son los innumerables casos más con incidencias, cuanto menos sospechosas, como: el incendio en el juzgado de Valencia donde se llevaba el caso de presunta corrupción del PP de Valencia; o el robo – perdida- de parte del caso Lezo donde están imputados entre otros, el Sr. Gallardón; por no hablar de la puesta en libertad, al depositar una fianza de 400.000 €,del Sr. González,  al que a continuación le incautaron en Colombia un botín de casi cinco millones de Euros. No olvidemos que, en distintos grados de situación judicial, hay casi novecientos ex altos cargos del PP, además de que se está buscando la identidad de un tal M.Rajoy que aparece en los papeles del Sr. Bárcenas como receptor de pagos en negro.

En el plano internacional, resulta escandalosa la forma que tuvo el Senado en de aprobar el acuerdo CETA, ya que fue casi sin ningún tipo de debate, y a continuación de activar el artículo 155 de la Constitución. También es de destacar que ha pasado el plazo para recibir a refugiados, y sólo han llegado un 11% del total al que España se había comprometido.

 

En el plano económico, no deja de sorprender el aumento de la Deuda Pública, ya que de menos del 70% sobre el PIB, ha pasado a sobrepasar ampliamente el 100%. Ante esto, destaca escandalosamente que se hayan intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, a pesar de haber reducido  su deuda en un 40%, tener superávit, e  invertir en proyectos, la mayoría de ellos de carácter  social. Afortunadamente, el PP está plagado de buenos gestores, ya que en caso contrario…

¿Seguimos?  En ese rescate bancario que no iba a costar ni un euro a los españoles, de los 56.865 millones que se aportaron para el citado rescate, el Banco de España, que algo debe de entender del tema, da por perdidos 42.590 millones. Si el Gobierno no nos miente, y los españoles no vamos a tener que pagar ni un euro ¿Quién los pagará?

Tener un trabajo, dada la precariedad y la bajada de los sueldos, no representa en sí mismo una garantía de traspasar el umbral de la pobreza; las pensiones suben muy por debajo de la inflación; se ha vaciado la “hucha de las pensiones”; el precio de la energía electica se ha disparado, en contra de lo sucedido en los países de nuestro entorno, en tanto que las eléctricas han aumentado estratosféricamente sus beneficios.

Si nos referimos a prestaciones sociales, mejor que dar opiniones, que podrían ser sesgadas, sólo hay que mirar las partidas asignadas a sanidad, educación, dependencia, o a la de gastos militares. Y, no nos engañemos, el verdadero programa de gobierno no viene en los discursos grandilocuentes, viene en los Presupuestos Generales del Estado.

Pero, por higiene mental, no nos preocupemos por estas menudencias. Los dos temas capitales en este país son Catalunya, y la posible exaltación de la república en la camiseta de la “Roja”.

a, b, c, d…

Para ser un buen jugador de ajedrez es necesario reunir varias condiciones, entre las que podríamos distinguir el poder imaginar varias jugadas por delante del movimiento que se va a efectuar, pero también tener previstas diferentes variantes, por si el rival no responde con el movimiento previsto. Claro está que esas condiciones son imprescindibles, pero no son las únicas.

Si sólo fuesen necesarias esas dos únicas condiciones, nos encontraríamos delante de un Gran Maestro internacional: El Molt o ex Molt (no acabo de tenerlo claro) President de la Generalitat, Senyor Puigdemont.

Como jamás me han gustado las definiciones categóricas sin demostrar y tildar al Sr Puigdemont de Gran Maestro en potencia podría parecerlo, voy a tratar de explicar la razón de verlo así.

El citado ha sido capaz de ver varias jugadas por delante, y ha sido capaz de llevar al contrincante a su terreno, al  tiempo que ha elaborado un número muy elevado de alternativas para responder las réplicas de su contrincante.

Vamos a denominar cada una de sus movimientos con una letra. Así tenemos:

a)      A pesar de que en principio no era el jugador de su equipo, obtuvo un brillante éxito desviando la atención de los diferentes escándalos financieros de su partido, pues fue capaz de movilizar a una gran parte del pueblo catalán, hasta tal punto prevalecieron los agravios a la ciudadanía, unos reales y otros no tanto, a citar la familia Pujol, al 3%, o al caso Palau, y convierte al quien lo hace en un “facha”, y enemigo del pueblo catalán.

b)       Y ya que se había movilizado al pueblo ¿Por qué no intentar lograr un mayor grado de autogobierno? Aquí no tuvo en cuenta que el oponente tenía el mismo tipo de problemas, y que, por consiguiente, tenía que hacer una defensa rocosa e impermeable a cualquier concesión, pues su electorado, que le había perdonado toda clase de mentiras y escándalos, jamás le perdonaría la más mínima cesión hacia los catalanes. Al no poder obtener ventajas por ese lado, adoptó otra estrategia.

c)       En su afán  por dominar el centro del tablero, Puigdemont despliega un ataque muy fuerte, anunciando un referéndum que desemboque, al menos aparentemente y según las perspectivas de voto, en una propuesta de secesión de Catalunya. El oponente replica con una rapidísima intervención del Tribunal Constitucional, que deja sin efectos legales la convocatoria.

d)      El President fija la convocatoria del citado referéndum y saca sus peones en un intento de amilanar al contrario, que lo contrarresta con un despliegue de caballos y alfiles.

e)      En vista de que todas las amenazas de convocatoria no han servido, pone en juego a las urnas defendidas por los peones,  que los alfiles y caballos contrarrestan con fiereza.

f)       Tras el resultado previsible, y ante el enroque del contrincante, Puigdemont pide  al Parlament que proclame la República de Catalunya, al tiempo que pide que quede en suspenso, en tanto ofrece tablas a su contrincante, oferta que no es aceptada.

g)      Sintiéndose acorralado, opta por pedir al Parlament que active la proclamación de la independencia, con lo que se reserva una jugada por si le resultara necesaria antes de aceptar el Mate definitivo. Ante la proclamación de la independencia, el Gobierno inicia el ataque español en su variedad 155, con el añadido del “a por ellos”.

h)      Puigdemont, viéndose acorralado, realiza un gambito (*), mientras,  y dado que ningún juez ha dictado medidas cautelares, aprovecha para irse a Bélgica.

i)        Una vez en aquel país, invoca su condición de Presidente electo de la República Catalana, que era su baza escondida al proclamarse la independencia, para tratar de impedir su extradición, eligiendo, a pesar de su dominio del idioma francés, que la vista se celebre en flamenco, ya que, en este caso, el juez sería de esa cultura, y ellos siempre se han mostrado más proclives a las secesiones, estando además en un constante proceso de separación de los francófonos.

Continuará… o no

(*) Gambito: sacrificio de una pieza para ganar posición

Puestos a imaginar…

No suelo consumir ciencia ficción en ninguna de sus especialidades, pero, por una vez, me apetece entrar en lo que podríamos llamar “Política Ficción” ¿Y que mejor ocasión para hacerlo que ahora?

No conozco bien las claves para este tipo de relatos, pero creo que puede ser algo así: a partir de un hecho real y otro ficticio, se mezclan los dos, y ya veremos que resulta. Sin más dilación, empecemos:

El día 27 de octubre del año del señor de 2017 el Parlament declara a Catalunya Estado Independiente en forma de República (hecho cierto y real). El mismo día, y con una pequeña diferencia horaria, el Gobierno, el PP, P(SO)E y C’s deciden que están hartos del tema, y ,en consecuencia, no presentan para su aprobación por el Senado Español el artículo 155 de la Constitución Española, y, por tanto, dejan a Catalunya a su aire (cosa que, como ya habrán supuesto, es el hecho ficticio) para que se arreglen como puedan, quieran, y sepan.

Lo primero que se encontrarían es que no tendrían una moneda de curso legal. Claro que, de momento, esto no sería problema ya que podrían seguir usando el euro como instrumento de cambio. Pero claro, esta moneda es de papel, y sufre un deterioro físico, y, además, terminaría la en su gran mayoría en manos de los proveedores. Así que sería necesario, o bien que la UE les autorizara a entrar en su sistema monetario a pesar de no ser miembros, cosa que ya pasa con El Vaticano, pero siempre que cumplieran unas condiciones que podrían ser draconianas; o bien, decantarse por crear una moneda propia, y lograr que la considerasen convertible, también con las condiciones de las autoridades monetarias mundiales estableciesen. Lógicamente, si quisieran que fuese convertible no podrían tirar de imprenta al ritmo que quisieran, si no al ritmo que pudiesen garantizar.

Ante este problema con la moneda, como la ruptura fue unilateral y sin convenio alguno, España no querría hacerse cargo ni de sueldos de funcionarios, ni de ningún tipo de gasto social como podrían ser: enseñanza pública, sanidad, dependencia o pensiones, que ahora se cubren con las transferencias o por pago directo.

Aquí se podría replicar: “Bueno, para eso están los impuestos”. Pero ¿Qué impuestos? Si se rompe con España, no se puede, o, al menos, no sería coherente que siguiesen exactamente la directiva de la Hacienda española, por lo que habría que hacer una nueva. Y no olvidemos que en cualquier democracia las leyes no pueden tener carácter retrospectivo en aquello que perjudique al ciudadano, así que, a partir ese hipotético día 27 de octubre, hasta el día en que se publicase la nueva normativa sobre la fiscalidad, nadie estaría obligado a pagar ningún tipo de tributo

Pero atención, no sólo me refiero a la cuestión tributaria. Me tengo que referir a todo el cuerpo legal necesario para el funcionamiento de una nación, a pesar de lo que puedan pensar los anarquistas. Vayamos a la parte penal, que puede resultar lo más llamativo de la cuestión. Si no está tipificado en una ley, ¿Por qué no se va a robar al vecino, o a prenderle fuego a su casa? Se podría alegar que todos tenemos un código ético ¿Todos? ¿Todas las conductas se pueden regular por lo que podríamos denominar como Derecho Natural? ¿Entonces para qué hay policía? ¿Para qué un sistema represivo contra el que delinque? Y no olvidemos que si no está penado en forma y modo, no hay delito, y si no hay delito no se puede reprimir legalmente ¿No tendríamos un nuevo Far West (Llunya Oest) donde se tendría que ir con el Colt 45 al cinto?

Pero he puesto sólo ejemplos de tipo penal, y no olvidemos que, para todos los aspectos de la vida social, hay leyes o códigos de obligado cumplimento, en la circulación, en el ámbito laboral, en el comercial, y en cualquier otro que se nos ocurra.

Pero si Catalunya es un Estado independiente ¿Puede y debe regirse por las leyes del Estado que acaba de abandonar? En mi opinión no, ya que si todas su leyes son correctas, su desarrollo impecable, y su tributación no tiene problemas ¿Cuál es la causa para pegar el portazo?

Ya no quiero entrar, por no repetirme, en otras cuestiones como fronteras, transportes, aranceles, suministros industriales, e infinidad que  temas que quedan al aire.

En conclusión, si se quiere la independencia, cuestión a la que no tengo nada que alegar, hay que prepararla con mucho cuidado, tener todo previsto, sin cabos suelto. Pero, en las condiciones que se ha hecho, a mí me recuerda el viejo chiste que concluye con: “virgencita, virgencita que me quede como

¿De que hablamos?

Como un mantra obsesivo, en todas las conversaciones, en los medios de comunicación y en las redes sociales se escucha un número. Unas veces para denigrarlo y otras para ensalzarlo, pero, en ningún caso, deja indeferente. Se trata del 155.

¿Pero qué significa y, sobre todo, qué dice el citado número?

Obviamente, se refiere al artículo del mismo número, contenido en el Título III de la Constitución Española, que dice, literalmente:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

En una primera lectura, lo que dispone el citado artículo puede parecer claro y diáfano en cuanto su aplicación, pero, al mismo tiempo, da al gobierno una discrecionalidad a la hora de su aplicación que genera tantas dudas, al menos, como las certezas que ofrece:

a)      En primer lugar, en el apartado primero habla de medidas necesarias, sin especificar cuáles, ni  qué organismo debe y puede controlar que las medidas adoptadas por el Ejecutivo sean las adecuadas para que tiendan a solucionar la situación que provocó la  decisión de activar el artículo que nos ocupa.

b)      De la lectura, se podría deducir que entre las medidas no puede descartarse el uso de las Fuerzas Armadas, y la pregunta sería ¿Sólo es el Gobierno el que tiene que decidir si se hace uso de la milicia?

c)       ¿Quién decide que las causas que han generado la excepcionalidad de la situación han cesado, y se puede volver a la autonomía plena de la Comunidad?

d)      ¿Cuánto tiempo puede prolongarse la suspensión de la autonomía?

e)      ¿Qué pasaría si el Gobierno fuese incapaz de solucionar la situación?

Creo que está muy bien lo de las grandes frases y las intenciones loables, pero las cuestiones hay que abordarlas antes de que se produzca el problema, o acaso ¿No ha habido tiempo de desarrollar y regular este artículo en los 40 años que llevamos desde la aprobación de la Constitución?

No he querido de forma consciente pronunciarme sobre si considero o no pertinente la aplicación del artículo. Aunque tengo mi opinión personal, que se puede deducir de escritos míos anteriores, he considerado más oportuno exponer los problemas que, a mi juicio, se derivan de la decisión tomada por el Presidente del Gobierno.