Tengo
que reconocer que, en ocasiones, algunos dirigentes del PP, me hacen dudar de
mi capacidad de raciocinio y de comprensión.
Uno de
estos señores que hacen que las dudas afloren es el actual Ministro de Justicia,
D. Rafael Catalá, ya que, por su cargo, su formación académica, y sus asesores,
creo que está, o al menos debería estar, más capacitado que yo para comprender
y relacionar dos puntos de la Constitución Española e interpretarlos coherentemente.
En el
Título preliminar, artículo 1º en su punto 2 dice literalmente:
La soberanía
nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
Y en el
Titulo III, capítulo primero, artículo 66 punto 1 dice:
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están
formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
A la vista de estos
párrafos, entiendo, desde mis lagunas en materias legales, que si la mayoría
del Congreso reprueba la actuación de un miembro del gobierno, democráticamente
este miembro queda deslegitimado para formar parte del legislativo, por muchas
triquiñuelas o vacíos legales que existan.
El razonamiento en
que me baso es: si la soberanía nacional reside en el pueblo, y los miembros
del Congreso son sus representantes, cuando la mayoría del Congreso reprueba a
un Ministro, la mayoría del pueblo, que no olvidemos es el que tiene la
soberanía, también lo reprueba.
Pues bien, el citado
Sr. Catalá, Ministro de Justicia, no lo entiende así, y alega para mantenerse
en el cargo, y de paso apoyar a los otros altos cargos, que a él lo eligió el
Presidente del Gobierno, y que, mientras tenga su confianza, no dimitirá.
Creo que esta
postura pone en, o al menos debería poner, en una delicada situación al
Presidente del Gobierno, ya que lo sitúa por encima de las Cámaras, en clara, a
mi entender, oposición al espíritu constitucional. Claro que, al menos de
momento, nadie ha llevado el asunto al Tribunal Constitucional, quizás por un
exceso de realismo político, ya que, si para dilucidar el tema de la Amnistía
Fiscal tardaron cinco años, no quiero ni pensar cuanto tardarían en hacer un
dictamen en un tema como este.
He citado al Sr.
Catalá, por su condición de Ministro de Justicia, y porque resulta menos
discreto al hacer declaraciones y juicios de valor, además de tener recusadas a
personas nombradas por él. Pero no olvidemos que el mismo argumento sirve para
aplicárselo al Sr. Montoro, Ministro de Hacienda.
De todas formas,
asumo sin ningún tipo de rubor que esta interpretación es fruto del poco o
mucho sentido común propio y no pretendo sentar doctrina legal. Por otra parte, imagino que ambos estarán asesorados legalmente, ya que no quiero
pensar que son dos personas sin ninguna clase de ética, y/o que se mantienen en
su puesto a pesar de que sepan que es ilegal y anti democrático.
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