Hay algunas cosas, demasiadas, en este país que por mucho que me
esfuerce, no acabo de comprender y por ende
compartir. Pero como resido aquí no tengo más remedio que aceptarlo y
votar periódicamente al partido político que en su programa incluya las
reivindicaciones más afines con mis pensamientos y deseos. Como consecuencia
soy un ciudadano de los muchos que moramos en España.
Es noticia en todos los medios y redes sociales la decisión de la
jueza Sra. Lamela aceptando la petición formulada por la fiscalía, de que los
Srs. Sánchez y Cuixart ingresaran en prisión de forma incondicional. Y a partir de aquí
es cuando empiezan a
aparecer mis dudas
Partimos de la base que no he leído el auto emitido por la jueza,
pero esta situación no es determinante ya que no pretendo contradecir nada y menos
el dictamen; además como he repetido reiteradamente en escritos anteriores
carezco de formación jurídica. Si tal fuese mi intención, mi exposición estaría
tan sembrada de errores que lo invalidarían.
Mi perplejidad surge de los siguientes razonamientos: Partimos de un país el
que se produjo el golpe de estado
sangriento que se transformo en una guerra civil, entonces es: Un país
que tras la guerra la represión fue larga y sangrienta. Un país en que los
“paseos” fueron prácticas habituales hasta bastante después de acabada la
guerra. Un país se juzgaba por rebelión a los que defendieron al gobierno legítimo mientras que
los que se levantaron en armas se erigían en jueces y verdugos. Un un país que
se dictaron sentencias de muerte en tribunales militares que no tenían ninguna
legitimidad, aparte de la de las armas y la violencia, y en los que no había ningún tipo de garantías para los acusados. Un
país en que los últimos fusilados por el régimen del General Franco fueron por
unos hechos que no están castigados con la pena de muerte cuando se cometieron.
Un país que el partido fascista de Falange, responsable además de los
mencionados anteriormente “paseos” es legal. Un país que los herederos del
Generar y su camarilla sigan manteniendo un trato de favor. Un país donde una
fundación creada para honrar la memoria del sangriento dictador sea legal e
incluso reciba subvenciones estatales Y por último, un país que a pesar de
todos estos antecedentes no se haya
condenado en las Cortes Generales a todo lo que representa las atrocidades cometidas
por el General Franco y todo su entramado.
Dentro de todo el contexto expuesto, no alcanzo a comprender que
haya alguien, que por muchos fundamentos legales que puedan existir, se atreva
a imputar por sedición sin antes haber sido condenado de forma clara,
contundente y con carácter vinculante al Régimen que nos tuvo bajo su yugo
durante cuarenta años?
Por cierto, en estos días se cumplen los cuarenta años de la
infame Ley de Amnistía, en la que dejaba sin castigo y sin posibilidad de
revisión los crímenes contra la humanidad cometidos y que según las
legislaciones internacionales, no prescriben.
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