Tras haber revisado a fondo los primeros cuatro puntos
del preacuerdo entre el Gobierno y Podemos la semana pasada, no parece haber
ninguno que pueda causar los terribles e irreparables daños a la economía
nacional, y que nos conducirán a la miseria, que señalan algunos. Pero, no nos
precipitemos, seguro que en los siete que nos restan por analizar está la clave
que nos confirme los pésimos augurios de las catástrofes que nos esperan si
llegan a aprobarse. Sigamos pues con los puntos que nos restan:
Punto 5º.- Apoyo a
la ley de violencias sexuales propuesta por Podemos. Este proyecto de Ley,
que se inició durante el periodo de Gobierno del Sr. Rajoy, pretende una
tipificación de los delitos contra la libertad sexual y su costo económico
sería el de adecuar los recursos para que se pueda aplicar. Claro que, si no
saliera adelante, se tendrían que dotar
los recursos necesarios para que fuera efectiva la ley vigente. Por otra
parte ¿Qué ciudadano puede no estar en contra de la violencia contra las
mujeres?
Punto 6º.- Permisos
de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, y remunerados por ley.
Si todos los partidos democráticos se manifiestan a favor de la igualdad ¿Cuál
es el problema para no estar de acuerdo con este punto?
Punto 7º.- Acuerdo
para mejorar las becas y reducción de las tasas universitarias. Creo que
hay un sentido de unanimidad en que el futuro de un país pasa por la educación
y preparación de sus ciudadanos. ¿Nos podemos permitir que, por falta de ayudas
económicas para la formación, se pierdan talentos? Espero que todos pensemos
que no.
Punto 8.- Reforma
de la ley electoral, con regulación de mailing conjunto y listas cremallera
obligatorias. Todos los partidos del espectro político se han mostrado en
alguna ocasión (cuando no les ha favorecido la ley actual) en contra de la
vigente ley electoral. En este punto creo que hay un factor de presión para ese
cambio superior a las consecuencias económicas que conlleva. Curiosamente, este
posible cambio beneficiaría a la derecha, o centro derecha (si existe), que se
presenta dividida, y que, por esta cuestión,
se vería penalizada por la vigente Ley d’Hont.
Punto 9º.-
Derogación del artículo 315.3 del código penal que perseguía a los
sindicalistas. Es otro punto de alto contenido político, pero escasa
repercusión económica. Por tanto, es discutible desde el punto de vista ideológico.
No pretendo justificar la violencia, pero creo que esta puede tener
origen en la forma, muchas veces abusiva, que tienen algunas (demasiadas)
empresas de fijar los servicios mínimos, Hay sentencias dictadas en ese sentido
cuando la huelga ha sido reventada por dichos servicios mínimos. También hay
que mencionar la injusta norma de aplicar los beneficios que se hayan podido
obtener de la huelga a todos los trabajadores, tanto los que participan con
pérdidas de salarios y sujetos a posibles represalias, como a aquellos que no
la han secundado, y no han tenido mermas de su remuneración. Vuelvo a repetir
que la repercusión de esta modificación en los PGE es mínima, y no justifica el
rechazo a los presupuestos, a no ser que se quieran prohibir las huelgas, que son
un derecho constitucional. No obstante, debería replantearse no sólo el tema de
los piquetes, también todo lo referente a la afiliación sindical, y a quien
representan los sindicatos, y quienes deben beneficiarse (o salir perjudicados)
de sus actuaciones, adecuándolo a la
normativa de los países de nuestro entorno económico.
Punto10º.- Subida
del impuesto de patrimonio el 1 por ciento a las fortunas de más de 10 millones
de euros. Aunque la Constitución española en su Capítulo II, Sección 2ª,
artículo 31-1 establezca la progresividad de los impuestos, puedo entender el
disgusto y malestar de los “millones y millones” de españoles con un patrimonio
personal superior a diez millones (10.000.000) de euros que tendrán que pagar
un 1% más.
Punto 11º.- Autorización
a los ayuntamientos para gastar su superávit en asegurar escuelas infantiles de
0 a 3 años. Al ser una edad fuera de la enseñanza obligatoria gratuita, la
mayor parte de estas escuelas son de titularidad privada, y, como tal, con un
lógico y natural afán de lucro, lo que dificulta a muchas familias trabajadoras
el acceso a las mismas, obligándoles a llevar a sus hijos a verdaderos
almacenes alégales de niños ¿No es una buena utilización del superávit dotar a
las ciudades y pueblos de escuelas infantiles? ¿Se puede sugerir alguna
propuesta mejor?
Conclusión: a no ser que se pertenezca al grupo de
afortunados con un patrimonio superior a los diez millones de euros, antes
citados ¿Me puede decir alguien la razón por la que se va a la ruina económica
del país si se aprueba este proyecto de PGE?
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