¿Independencia Del Poder Judicial?

 

Triste, muy triste es la condición de un país en el que los garantes del cumplimiento de la Constitución son los primeros en conculcarla.

Se está incumpliendo el precepto constitucional de la renovación del Poder Judicial.

¿Se puede confiar en la integridad de unas personas que se aprovechan de una situación para beneficiarse personalmente y no toman ninguna medida para resolver la ilegal situación en la que se encuentran, tanto más irregular al ser ellos mismos a los que les compete salvaguardar el orden constitucional?

Cierto es que el origen de la anómala situación no puede ser atribuido al Poder Judicial, sino al Poder Legislativo que, con su falta de previsión en dar alternativas para desatascar situaciones como la actual, provocadas por las previsibles trapacerías de algunos partidos políticos que, faltos de sentido democrático, y, por supuesto, también del sentido de la ética, no dudan en prostituir los mecanismos legales, y arrastrar en su ruindad a otros poderes, en este caso al Judicial.

No es menos cierto que a la cúpula del Poder Judicial la situación alegal le resulta muy beneficiosa, y, por tanto, en vez de buscar una solución para poner fin a la irregular situación, pone palos en la rueda a todas las medidas que se proponen desde una mayoría de los órganos legislativos. Por supuesto, tampoco atiende a las indicaciones que en ese sentido ha recibido de instancias comunitarias.

No se limitan únicamente a permanecer en el puesto que usurpan. Realizan nombramientos para puestos vacantes, que, casualmente, siempre recaen en personas afines a sus posiciones ideológicas, y, casualmente también, nombran a los magistrados que tienen que juzgar a políticos, incluso a partidos que, con sus artimañas de filibusteros, hacen inviable la resolución del problema.

Ciertamente, no solo nombran a los jueces que van a juzgar, también separan de las causas a otros que no resultan tan de su agrado o confianza.

En el  caso más extremo, se juzga y condena sin las debidas garantías procesales a un Juez que resultaba especialmente molesto. Me estoy refiriendo a D. Baltasar Garzón, sobre el cual el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que: “El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue inhabilitado en un "proceso arbitrario”.

Ante este varapalo internacional, no ha habido reacción alguna por parte del Poder Judicial. No ha pasado nada. Nadie de los que incoaron el proceso, ni los que lo permitieron, y, teóricamente, lo supervisaron ha tenido nada que decir al respecto. Se limitan a callar, y a seguir cobrando el sueldo, y a gozar de las prerrogativas del cargo.

Con una cúpula de este jaez ¿Le extrañan a alguien actuaciones como las siguientes?:

No exigir al PP los ordenadores de Bárcenas que se encontraban en su sede para revisar su contenido hasta mucho después, cuando ya habían sido borrados, formateados, y destruidos los discos duros de los citados ordenadores, que, supuestamente, contenían información relativa a la llamada “Caja B”.

Qué el clan Pujol esté en su casa.

Que declaren ilegal el estado de alarma sanitaria, similar al de los países europeos de nuestro entorno, con el burdo argumento de que debería haberse declarado el estado de emergencia, a pesar de no haber perturbación de la paz o del orden interno del Estado.

La disparidad de criterios de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos en cuanto a la aplicación de medidas similares anti COVID19 adoptadas por los Gobiernos Autonómicos. Constituyéndose, en la práctica, como poderes ejecutivos, y sustituyendo al elegido por los ciudadanos, al tiempo que creaban inseguridad jurídica y restaban eficiencia a las medidas sanitarias.

Estas actuaciones tienen un cariz político evidente. Así que dejaré para otra ocasión las que se refieren al género y otras muchas más.