El diccionario de la
Real Academia de la Lengua española define la palabra ética como: “Del lat. ethĭcus,
y este del gr. ἠθικός ēthikós; la forma f., del lat. tardío ethĭca,
y este del gr. ἠθική ēthikḗ. Tras
su etimología, y ya en la segunda acepción, especifica: “Recto,
conforme a la moral”. Y por último, en su cuarta entrada: “Conjunto de normas
morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida.
Ética profesional, cívica, deportiva”.
Nos
estamos acostumbrando, y, especialmente, se están acostumbrando nuestros
dirigentes políticos a actuar en función de si un hecho es legal o no lo es.
Pero, lo que es más inquietante, a hacerlo en función de si la sentencia es condenatorio
o no lo es, sin que importe la causa de la no condena. Celebran igual si la absolución
es por inocencia total, o por defectos formales en el juicio, o en su
instrucción, o también igualmente por la prescripción del delito. Para ellos, y, por
desgracia, para los votantes, todo se queda en el veredicto, y no en las
razones de dicho veredicto.
Por
su parte, los partidos políticos, en general todos los partidos, en mayor o
menor medida, utilizan la política que popularizaron los EE.UU. de: “He is a
son of a bitch, but our son of a bitch”, amparando a aquellos que no obran
rectamente, que delinquen, y manteniendo esta posición hasta que es
completamente inaguantable para sus intereses. En ese momento, en el que dejan
de ser útiles o se convierten en una rémora, los expulsan o los hacen dimitir,
abandonándolos a su suerte, a no ser que dispongan del suficiente material
sensible que pueda perjudicar al Partido, en cuyo caso se les apoya, de forma
más o menos encubierta.
Me
figuro que todo el mundo (bueno todo el mundo que lea esto) habrá adivinado a
estas alturas que quiero referirme al caso del Máster de la Sra. Cifuentes como
ejemplo típico, pero no único, en cuya trama no cesan de surgir cada día nuevas
irregularidades. Algunas de ellas no pueden achacarse, por muy buena voluntad
que se le ponga, a simples errores informáticos. No hablaré de firmas
falsificadas, de reuniones que nunca fueron, o de “actas reconstruidas”, que
pueden resultar delitos tipificados en nuestro Código Penal. Tampoco quiero
entrar a valorar de quien es la culpa, si de la Sra. Cifuentes o de la
Universidad Rey Juan Carlos, o de ambas partes, en mayor o menor medida.
Lo
que resulta innegable es que la citada Sra. Cifuentes recibió trato de favor
por ser ella quien era. Recibió trato de favor al poder formalizar la matricula
fuera de plazo, y después de haberse impartido un trimestre del Máster sin su
asistencia. Recibió trato de favor al eximirla de asistir a clase, a pesar de
ser obligatoria la asistencia al 80% de las clases, como mínimo. Recibió trato
de favor al no presentarse físicamente a los exámenes. Recibió trato de favor
al cambiarle dos calificaciones, sin seguir el protocolo establecido.
Podrá
alegar que ella no era conocedora de las falsificaciones, de los “fallos
informáticos”, y de todo lo que parezca bien. Nuestra legislación, basada en el
Derecho Romano, admite, en contra de lo que disponen otras doctrinas legales,
que un procesado puede basar su defensa en mentiras y engaños. No se pone en duda
que este proceder es legal. Pero ¿Resulta ético?
Indiscutiblemente,
a fecha de hoy, la sra. Cifuentes es inocente. No ha habido ninguna sentencia,
y, posiblemente, no la haya nunca, que diga que es culpable de nada. Pero
también es indiscutible que se aprovechó de un injusto trato de favor hacia
ella, y eso hace que sintamos asco y repulsión ante una parte de “los padres de
la patria” ovacionándola, y arropándola ante su carencia de ética. ¿Qué clase
de sociedad hemos alcanzado? ¿La del todo vale con tal de que no me descubran?
¿La del esfuerzo es para los otros ya que yo me puedo aprovechar de las
circunstancias? ¿La que representa el oportunismo y la picaresca por encima del
trabajo y el esfuerzo? ¿La de que las instituciones deben estar a mi servicio porque
puedo otorgarles favores?
No quiero,
repito, entrar en si su conducta es ilegal o no. No tengo potestad ni conocimientos
suficientes para ello. Pero sí que le reprocho a ella, y a todos sus defensores,
que sean incapaces de ver el grado de depravación ética en el que están sumidos,
y están sumiendo al país.