¿Hacia el Catexit?

¿Hacia el Catexit?

 

He de empezar reconociendo que eso de vaticinar no es lo mío. Casi nunca se cumple lo que creo que se tiene que cumplir. Por eso he mandado al taller mi bola de cristal ya que distorsionaba y perdía foco.

 

Ante estas circunstancias, no voy a hacer ninguna aseveración. Antes bien, creo que estaré más acertado si me planteo algunas incógnitas y las dejo abiertas.

 

¿Se llegará a celebrar el Referéndum el día 1 0? Si llega a celebrar, es cuando viene la gran incógnita ¿Qué pasará el día 2 O, aparte de que todas las partes dirán que han ganado?

 

Sin embargo y a pesar de mi reticencia a adelantar certezas antes de  producirse los acontecimientos, tengo la convicción de dos cosas con respecto a este tema:

a)      Si se llega a producir la votación, el Si, será abrumador, ya que los partidos llamados constitucionalistas, al no admitir que el referéndum salga adelante, no han movilizado a sus potenciales votantes para que votasen No. De esto resulta que, previsiblemente, la abstención será muy alta y los No escasos.

b)      En todos los casos, tanto si hay consulta popular, como si se impide, y salga el resultado que salga, creo que habrá un cierre en falso que está creando y enquistando unas heridas sociales que serán muy difíciles de cerrar.

 

No voy a buscar culpables, ya que no me corresponde a mí juzgar y, además, reiteradamente he dado mi opinión al respecto, nada favorable por cierto, para ninguna de las dos partes: Unos porque no se han acordado de pedir la  independencia hasta que no se han llevado a los tribunales sus posibles casos de corrupción; los otros porque creen que sus votantes les perdonarán, como así han hecho hasta ahora, por sus presuntas corrupciones, pero que no perdonarían un diálogo, y mucho menos un entendimiento político con los “rojos separatistas” catalanes que quieren mantener su idioma e identidad cultural.

 

A todo esto, llama la atención la justificación por parte de los soberanistas para argumentar sobre la legalidad de su referéndum basándose en la adhesión del Estado Español al PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES. Dicha adhesión fue publicada en el B.O.E núm. 103, de 30 abril 1977, este pacto en su Artículo 1 dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, socia1 y cultural”; y en la PARTE II, Articulo 2, punto 1, dice “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

 

Aquí es muy importante recordar n que la Constitución Española, en su título III, artículo 96, párrafo 1, expone lo siguiente: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.

 

Antes de seguir adelante, creo necesario definir pueblo, que en el D.R.A.E y en su tercera acepción dice lo siguiente: “Conjunto de personas de un lugar, región o país”. El prestigioso diccionario de Oxford va un paso más allá y añade los conceptos  de raza, religión, idioma y cultura.

 

A la vista de estas circunstancias, podría parecer que el Referéndum tendría que ser legal, pero hay una diferencia de lectura crítica: mientras que en el  Pacto habla de pueblos, en la Constitución, en su título preliminar, artículo 1, párrafo 2, dice textualmente:” La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

 

En esta tesitura ¿Quién tiene la razón legítima?, ¿Los que promueven el referéndum alegando que en el  Pacto se habla de pueblos, de cualquier pueblo?, ¿O los que niegan la legitimidad del mismo acogiéndose a la puntualización  de “pueblo español”?

 

Debo suponer que los miembros del Tribunal Constitucional son grandes especialistas en el tema y de una imparcialidad exquisita y no les mueven intereses espurios ¿No lo creen Vds. así?