Cuestión de números

Cuestión de números

Cuando una persona, o un reducido número de personas, infringen una ley, casi con completa seguridad, es que se encuentran en una situación errónea, o están delinquiendo directamente. Por ello, la respuesta de la sociedad, o de sus representantes, debe ser de tipo legal, y no político.

Cuando la mayoría de personas de un colectivo se enfrenta a una ley, casi con seguridad, lo que es erróneo es la ley a la que se oponen. Por tanto, la solución tiene que ser obligatoriamente política, y jamás judicial y punitiva, ya que, en  ese caso, lo único que se consigue es exacerbar los ánimos.

En el primero de los ejemplos que pongo se pueden incluir los temas de presunta corrupción, ya que son minoritarios en la sociedad, pues están realizados por una minoría de la clase política. Pero, en la mayoría de las ocasiones, en vez de darle un tratamiento legal y, si procede, punitivo, los partidos intentan darle una solución política, evitan hasta donde les es posible la acción de la justicia, acudiendo a triquiñuelas legales, unas veces sutiles, en busca de retrasar las actuaciones judiciales para que prescriban los presuntos delitos; otras veces sus procedimientos no son tan delicados, como en el caso de destrozar a martillazos los discos duros de los ordenadores del Sr. Bárcenas.

En el segundo de los casos, si la mayoría muy representativa de un territorio, bastante más del 70%  de la población, manifiesta que está en contra de una Ley, la solución, en todos los casos, debe ser política y no punitiva. Claro que, para llegar a soluciones políticas, se necesitan representantes idóneos, con capacidad de diálogo, y con voluntad política de llegar a un compromiso. Compromiso que puede llevar aparejada una cierta renuncia, de forma que ambas partes se puedan considerar vencedoras, y ninguna tenga el sentimiento de derrotada.

¿Qué ha pasado en Catalunya? Que tanto que el Gobierno como el Govern, junto con los partidos políticos, se han dedicado a echar más fuego, y a encender los ánimos, perdiendo, al final, y dada la radicalización de la ciudadanía tanto en un sentido  como en otro, el dominio de la situación. En consecuencia, los ciudadanos se agrupan bajo otras organizaciones, tanto existentes anteriormente como creadas al efecto, llegando a situaciones como las acaecidas  en algunas localidades de Andalucía en donde se despedía a la Guardia Civil, (que, no olvidemos, va enviada por el Gobierno Central para reprimir) al grito de “¡A por ellos, oe”, con un espíritu épico, como si fueran a reconquistar su tierra mancillada por invasores que fueran a destruir sus raíces históricas. Mientras que otros, alentados desde el Govern, acosan e insultan a aquellos Alcaldes que, por convicción o por disciplina de partido, se oponen a facilitar los medios necesarios para que se pueda votar.

Con la pérdida de influencia de los partidos, resulta mucho más difícil llegar a unos acuerdos de las partes, suponiendo, que es mucho suponer, que quisieran llegar a una solución pactada que contentara a todos en parte, y defraudara, también por igual, a las  facciones opuestas actualmente. Ya que la única solución podría venir desde una postura inteligente y dialogante de los respectivos gobiernos, Central y de la Generalitat,  puesto que ambos tienen el poder teórico para llegar  a un pacto político.

He dicho que tienen el poder teórico, pero ¿Por qué teórico? Ambos han tensado tanto la cuerda que, en una gran parte, la situación ya no depende de ellos, si no  de los entes que han creado mientras jugaban  a “aprendices de brujos”. Por eso cabe preguntarse: ¿Perdonaría la derecha radical y extrema que el Gobierno del Sr. Rajoy aceptara alguna de las condiciones políticas del Govern del Sr. Puigdemont?, ¿O le tratarían de traidor, haciéndoselo pagar en las urnas? Esta misma pregunta, pero con los dirigentes cambiados, se podría hacer a los soberanistas que se han radicalizado al Ejecutivo del Sr. Puigdemont.

Hoy en día, el problema es que no hay cabezas visibles, con capacidad  de liderar a las partes enfrentadas, y cuyas decisiones tengan posibilidad de ser refrendadas por los poderes políticos

En cuanto a inteligencia política por ambas partes, que sería una condición indispensable, mejor dejarlo correr para no ponernos a llorar desconsoladamente.