Con su permiso

Espero que me vayan a permitir que les haga una serie de preguntas encadenadas, a pesar de que tengo que admitir que son un tanto tramposas. Digo que son tramposas, ya que creo saber de antemano la contestación a todas ellas. Pero, como tengo que llenar una página, y quiero hablar de un tema determinado, me viene muy bien plantearlas para iniciarlo.

Las preguntas son:

¿Cuándo han oído decir que peligra el pago de los sueldos de los innumerables políticos de los que disfrutamos en este país?

¿Cuándo han oído decir que peligra la dotación económica que tiene asignada la Casa Real?

¿Cuándo han oído decir que peligra el presupuesto para el mantenimiento de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado?

E, incluso, aunque choca frontalmente (al menos en mi opinión) con el punto 3, artículo 16, capítulo 2º, título 1º de la Constitución española ¿Cuándo han oído decir que peligra la dotación presupuestaria a la Iglesia Católica?

Seguramente, todos contestarán a todas las preguntas con un: nunca rotundo y categórico. Muchos responderán a continuación, con la salvedad de la dotación a la Iglesia Católica o sin esa salvedad, que es una obligación del Estado asumir esas cargas presupuestarias para garantizar el normal funcionamiento del país.

No hablemos, al menos de momento, de que esas aportaciones se han mantenido, e, incluso, en algunos casos, aumentado desde el inicio de la crisis, y de que las dotaciones para educación, sanidad, y servicios sociales en general no han alcanzado aún el nivel que tenían antes del inicio de la citada crisis, a pesar de que esta, oficialmente, ha concluido.

Por contra a las preguntas anteriores ¿Hay alguien que no haya escuchado reiteradas veces que peligran las pensiones públicas? La respuesta a esta pregunta, es obvia: nadie.

Aquí caen de hoz y coz en este planteamiento falaz del neo liberalismo todos los partidos políticos. Unos por compromisos o planteamientos ideológicos, y otros, los que defienden una ideología más o menos de izquierdas, por ingenuidad o falta de un pensamiento ideológico firme. Lamentablemente, no solo los partidos aceptan dicho planteamiento. Lo más peligroso de la situación es que empiezan a aceptarlo muchísimos ciudadanos también, incluidos los que tienen o tendrían que recibir las pensiones.

No se puede cuestionar la obligación de los gobiernos de asegurar las pensiones públicas, al igual que aseguran los servicios citados al inicio de este escrito.

Los trabajadores, durante toda su vida laboral, han (hemos) cotizado para asegurarse una pensión digna a la hora de la jubilación, y no es una prestación graciable, si no un reembolso de lo cotizado durante toda la vida laboral. Aquí no caben ideologías, dudas, ni medias tintas ¡Es una obligación ineludible!

La administración, de una forma trapacera, ha ofrecido a las empresas descuentos en sus bases de cotización para fomentar el empleo. ¿Por qué trapaceras? Porque esas deducciones, caso de ser necesarias, deberían haberse hecho con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y nunca sobre las arcas de las pensiones.

Por no hablar del despropósito de los ERE’s donde las grandes empresas, para lograr una mayor rentabilidad, que no enjugar pérdidas, envían al paro a sus empleados, y el Estado tiene que asumir el pago del paro y la no contribución al fondo destinado para el pago de pensiones.

Las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto las de los trabajadores como la empresarial, deben ser unas recaudaciones finalistas. Pero la parte de las pensiones que exceda a las recaudaciones que provienen de las cotizaciones, situación en gran parte debida a la mal llamada Reforma Laboral, deberán ser obligatoriamente cubierta por la partida que se debe habilitar en los P.G.E.

Como no quiero colgarme medallas que no sean mías. Tengo que decir que la vinculación de las pensiones públicas a los P.G.E. no es una ocurrencia mía, es la formula vigente en prácticamente todas las naciones europeas.