Triste, muy triste
es la condición de un país en el que los garantes del cumplimiento de la
Constitución son los primeros en conculcarla.
Se está
incumpliendo el precepto constitucional de la renovación del Poder Judicial.
¿Se puede confiar
en la integridad de unas personas que se aprovechan de una situación para
beneficiarse personalmente y no toman ninguna medida para resolver la ilegal
situación en la que se encuentran, tanto más irregular al ser ellos mismos a los
que les compete salvaguardar el orden constitucional?
Cierto es que el
origen de la anómala situación no puede ser atribuido al Poder Judicial, sino
al Poder Legislativo que, con su falta de previsión en dar alternativas para
desatascar situaciones como la actual, provocadas por las previsibles trapacerías
de algunos partidos políticos que, faltos de sentido democrático, y, por
supuesto, también del sentido de la ética, no dudan en prostituir los
mecanismos legales, y arrastrar en su ruindad a otros poderes, en este caso al
Judicial.
No es menos cierto
que a la cúpula del Poder Judicial la situación alegal le resulta muy
beneficiosa, y, por tanto, en vez de buscar una solución para poner fin a la
irregular situación, pone palos en la rueda a todas las medidas que se proponen
desde una mayoría de los órganos legislativos. Por supuesto, tampoco atiende a las
indicaciones que en ese sentido ha recibido de instancias comunitarias.
No se limitan
únicamente a permanecer en el puesto que usurpan. Realizan nombramientos para
puestos vacantes, que, casualmente, siempre recaen en personas afines a sus
posiciones ideológicas, y, casualmente también, nombran a los magistrados que
tienen que juzgar a políticos, incluso a partidos que, con sus artimañas de
filibusteros, hacen inviable la resolución del problema.
Ciertamente, no
solo nombran a los jueces que van a juzgar, también separan de las causas a
otros que no resultan tan de su agrado o confianza.
En el caso más
extremo, se juzga y condena sin las debidas garantías procesales a un Juez que resultaba
especialmente molesto. Me estoy refiriendo a D. Baltasar Garzón, sobre el cual el
Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que: “El ex juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue inhabilitado en un "proceso
arbitrario”.
Ante
este varapalo internacional, no ha habido reacción alguna por parte del Poder
Judicial. No ha pasado nada. Nadie de los que incoaron el proceso, ni los que
lo permitieron, y, teóricamente, lo supervisaron ha tenido nada que decir al
respecto. Se limitan a callar, y a seguir cobrando el sueldo, y a gozar de las
prerrogativas del cargo.
Con
una cúpula de este jaez ¿Le extrañan a alguien actuaciones como las
siguientes?:
No exigir
al PP los ordenadores de Bárcenas que se encontraban en su sede para revisar su
contenido hasta mucho después, cuando ya habían sido borrados, formateados, y destruidos
los discos duros de los citados ordenadores, que, supuestamente, contenían
información relativa a la llamada “Caja B”.
Qué
el clan Pujol esté en su casa.
Que
declaren ilegal el estado de alarma sanitaria, similar al de los países
europeos de nuestro entorno, con el burdo argumento de que debería haberse
declarado el estado de emergencia, a pesar de no haber perturbación de la paz o
del orden interno del Estado.
La
disparidad de criterios de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia
Autonómicos en cuanto a la aplicación de medidas similares anti COVID19 adoptadas
por los Gobiernos Autonómicos. Constituyéndose, en la práctica, como poderes
ejecutivos, y sustituyendo al elegido por los ciudadanos, al tiempo que creaban
inseguridad jurídica y restaban eficiencia a las medidas sanitarias.
Estas
actuaciones tienen un cariz político evidente. Así que dejaré para otra ocasión
las que se refieren al género y otras muchas más.