La semana pasada,
al hablar de la voluntad política, pude dar la sensación de que me refería a la
disposición para que llegara a buen fin lo legislado, o, exclusivamente, a la
voluntad en positivo. Pero, es tanto una
manifestación de dicha voluntad de que se cumpla lo acordado, como la firme
decisión de que no se cumpla, es decir, la voluntad negativa.
En el caso de
evitar que se cumpla una ley, hay que apelar a triquiñuelas para evitar que
dicho incumplimiento pueda ser objeto de responsabilidades legales. A no ser
que lo cometan los mismos que tienen la potestad y responsabilidad de juzgar
dicho incumplimiento, como es el caso de la renovación judicial, donde la misma
cúpula de dicho poder es, cuanto menos, cómplice del incumplimiento del mandato
constitucional de renovarse, llevando un retraso de más de mil días, casi tres
años.
Son cómplices porque,
por mucho que intenten justificarse, presentándose como víctimas de la
situación, mantienen sus puestos y prebendadas por encima del sentido ético, a
pesar de que numerosas voces proponen su dimisión en bloque, que forzaría la
adopción de soluciones drásticas para desbloquear la situación. Pero no,
prefieren desprestigiar la institución, llegando a la denigrante situación de
tener que suplir las bajas por fallecimiento de miembros de la Sala de lo
Contencioso Administrativo con jueces militares.
No sólo es este
caso, hay otros en los que las actuaciones de algunos políticos harían
enrojecer al propio Lázaro, y sorprenderían incluso al avisado ciego.
A la Dirección del
PP no le gusta la Ley de Memoria Histórica, hay demasiados ancestros implicados
que no saldrían bien parados. Pero no se atrevió a derogarla al llegar al
Gobierno por el temor a que comparan sus actuaciones con respecto al fascismo
con las del resto de partidos de la derecha democrática europea.
La Ley fue, como
recordarán, promulgada durante la presidencia del socialista Rodríguez Zapatero.
Posteriormente, al resultar triunfador por abrumadora mayoría el PP, su
Presidente, el Sr. Rajoy, se encontró en la difícil tesitura de:
A)
Incumplir
la Ley conforme a los sentimientos de muchos de sus seguidores, herederos
políticos del franquismo, a pesar de las posibles consecuencias legales.
B)
Derogar
la ley, acto que legitimaría de facto el fascismo, quedando retratados en las instituciones
internacionales como contrarios a una ley que pretendía paliar los efectos más
evidentes de las atrocidades cometidas.
C)
Buscar
alternativas para impedir su cumplimiento de una manera taimada.
Cómo era previsible,
esta tercera alternativa fue la adoptada. No la derogó, pero los fondos
económicos presupuestados para su cumplimiento fueron cero euros, como se
ufanaban al difundirlo a los cuatro vientos en un alarde cinismo.
Este caso nos
enseña que hay un método infalible para distinguir si hay verdadera voluntad
política a la hora de promulgar o hacer cumplir una disposición legal, tanto en
positivo como en negativo: Consiste en hacer caso omiso de los diferentes
debates políticos presentados como el de la nación, la comunidad autónoma, o
cualquier tipo de administración, y centrarse en los Presupuestos. En ellos se
ve hacia donde se va dirigir verdaderamente la política de la Administración.
Todo lo demás son palabras vacías.
¿No se lo creen?
Miren en los presupuestos municipales los fondos asignados para contrarrestar
actos vandálicos del tipo pintadas, ensuciar la ciudad, o circular por las
aceras con bicicletas y patinetes.