Amnistía
Internacional denuncia a España por, al menos, cinco quebrantamientos de derechos
humanos en las residencias geriátricas por los siguientes hechos: "se ha violado el
derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación de las personas mayores,
a la vida privada y familiar, y a la muerte digna". Estas violaciones pueden
ser, en gran parte, debidas al nulo control de los establecimientos geriátricos,
que, en la gran mayoría de los casos, son propiedad de empresas privadas con ánimo
de lucro, o bien funcionan en régimen de concertación con entidades del mismo
tipo de las anteriores. Sin estas condiciones previas, muchas de las medidas
adoptadas no hubiesen sido necesarias. La citada denuncia no debe hacernos
olvidar las decisiones que tomaron algunas administraciones periféricas.
La
derecha española, me refiero a la que siempre ha dicho que era El Centro, y que,
gracias a esta auto atribución, tradicionalmente ha tenido su caladero de votos
entre las personas de la tercera edad como ocurre con el PP actual, envió a las
residencias de mayores que dependían del Gobierno Autonómico de Madrid una circular
prohibiendo derivar enfermos de las citadas residencias a hospitales, y, si
llegaba alguno, que no fueran ingresados en las UCIS. Esta orden ha sido
desmentida de formas contradictorias, como que nunca se dio, que sólo fue una
hipótesis de trabajo, o, incluso, que solo fue un invento para descalificar al
PP. Sin embargo, hay bastantes Residencias que afirman que se recibió, pero que,
al ser conocida tras filtrarse, se dejó sin efecto.
La
C.A. de Madrid no fue la única en seguir esa dirección. La Generalitat de Catalunya,
dirigida por los pérfidos nacionalistas-separatistas (de derechas), también dio
indicaciones para que los mayores de 80 años no ingresaran en las UCIS, ya que
estaban colapsadas. “Casualmente”, ambas CC.AA. eran las que más recortes
habían hecho en Sanidad en las bacanales presupuestarias durante la anterior
crisis económica, en una rivalidad desquiciada para ver quiénes eran más
“austeros” en el gasto sanitario. Casualmente, también durante la fiebre del recorte,
los respectivos gobiernos eran de derechas. Hay que hacer mención que los
gobernantes de la Generalitat eran los mismos que los de los recortes, pero
vestidos de “pubillas” para ver si no se les notaba el 3%.
Estas
trabas para impedir acceder a las unidades de cuidados intensivos a los mayores
de 80 años sucedieron durante la primera oleada del Covid 19, y cabe
preguntarse ¿Cuál era la situación sanitaria en esos momentos?
Total
de infectados menores de 60 años: 48,6%
Total
de infectados mayores de 60 años: 51,4%
Total
de infectados mayores de 80 años: 23,87%
Total
de fallecidos menores de 60 años: 4,51%
Total
de fallecidos mayores de 60 años: 95,49%
Total
de fallecidos mayores de 80 años: 62,79%
Aun teniendo
en cuenta la fragilidad de la salud de los mayores, las cifras son muy
significativas, ya que, aunque la
proporción de casos de infección es comparable entre los dos lados de la
frontera de 60 años, las diferencias en las consecuencias son estratosféricas.
O, al menos, yo lo veo así.
Veamos
ahora la sutil diferencia, ya que, mientras en España, y en sus dos comunidades
más pobladas, las instrucciones, (digan lo que digan) fueron dejar a su suerte
a las personas ancianas infectadas, en Gran Bretaña (también con gobierno de
derechas), los dos primeras ciudadanos que recibieron la vacuna fueron Dña.
Margaret Keenan, jubilada de 91 años de edad, y D. William Shakespeare, del que
no tengo más datos, aunque supongo que será un homónimo del “Bardo de Avon”, y
no el mismo.
En fin, como diría D. Willian: “To be, or not to
be, that is the question”