Cuestión de números
Cuando una persona, o un reducido número de
personas, infringen una ley, casi con completa seguridad, es que se encuentran
en una situación errónea, o están delinquiendo directamente. Por ello, la
respuesta de la sociedad, o de sus representantes, debe ser de tipo legal, y no
político.
Cuando la mayoría de personas de un colectivo se
enfrenta a una ley, casi con seguridad, lo que es erróneo es la ley a la que se
oponen. Por tanto, la solución tiene que ser obligatoriamente política, y jamás
judicial y punitiva, ya que, en ese caso,
lo único que se consigue es exacerbar los ánimos.
En el primero de los ejemplos que pongo se pueden
incluir los temas de presunta corrupción, ya que son minoritarios en la
sociedad, pues están realizados por una minoría de la clase política. Pero, en
la mayoría de las ocasiones, en vez de darle un tratamiento legal y, si
procede, punitivo, los partidos intentan darle una solución política, evitan
hasta donde les es posible la acción de la justicia, acudiendo a triquiñuelas
legales, unas veces sutiles, en busca de retrasar las actuaciones judiciales
para que prescriban los presuntos delitos; otras veces sus procedimientos no
son tan delicados, como en el caso de destrozar a martillazos los discos duros
de los ordenadores del Sr. Bárcenas.
En el segundo de los casos, si la mayoría muy
representativa de un territorio, bastante más del 70% de la población, manifiesta que está en contra
de una Ley, la solución, en todos los casos, debe ser política y no punitiva.
Claro que, para llegar a soluciones políticas, se necesitan representantes idóneos,
con capacidad de diálogo, y con voluntad política de llegar a un compromiso.
Compromiso que puede llevar aparejada una cierta renuncia, de forma que ambas
partes se puedan considerar vencedoras, y ninguna tenga el sentimiento de
derrotada.
¿Qué ha pasado en Catalunya? Que tanto que el
Gobierno como el Govern, junto con los partidos políticos, se han dedicado a
echar más fuego, y a encender los ánimos, perdiendo, al final, y dada la
radicalización de la ciudadanía tanto en un sentido como en otro, el dominio de la situación. En
consecuencia, los ciudadanos se agrupan bajo otras organizaciones, tanto
existentes anteriormente como creadas al efecto, llegando a situaciones como
las acaecidas en algunas localidades de
Andalucía en donde se despedía a la Guardia Civil, (que, no olvidemos, va
enviada por el Gobierno Central para reprimir) al grito de “¡A por ellos, oe”,
con un espíritu épico, como si fueran a reconquistar su tierra mancillada por
invasores que fueran a destruir sus raíces históricas. Mientras que otros,
alentados desde el Govern, acosan e insultan a aquellos Alcaldes que, por
convicción o por disciplina de partido, se oponen a facilitar los medios
necesarios para que se pueda votar.
Con la pérdida de influencia de los partidos,
resulta mucho más difícil llegar a unos acuerdos de las partes, suponiendo, que
es mucho suponer, que quisieran llegar a una solución pactada que contentara a
todos en parte, y defraudara, también por igual, a las facciones opuestas actualmente. Ya que la
única solución podría venir desde una postura inteligente y dialogante de los
respectivos gobiernos, Central y de la Generalitat, puesto que ambos tienen el poder teórico para
llegar a un pacto político.
He dicho que tienen el poder teórico, pero ¿Por qué
teórico? Ambos han tensado tanto la cuerda que, en una gran parte, la situación
ya no depende de ellos, si no de los
entes que han creado mientras jugaban a
“aprendices de brujos”. Por eso cabe preguntarse: ¿Perdonaría la derecha
radical y extrema que el Gobierno del Sr. Rajoy aceptara alguna de las
condiciones políticas del Govern del Sr. Puigdemont?, ¿O le tratarían de
traidor, haciéndoselo pagar en las urnas? Esta misma pregunta, pero con los
dirigentes cambiados, se podría hacer a los soberanistas que se han
radicalizado al Ejecutivo del Sr. Puigdemont.
Hoy en día, el problema es que no hay cabezas
visibles, con capacidad de liderar a las
partes enfrentadas, y cuyas decisiones tengan posibilidad de ser refrendadas
por los poderes políticos
En cuanto a inteligencia política por ambas partes,
que sería una condición indispensable, mejor dejarlo correr para no ponernos a
llorar desconsoladamente.